¿Qué ha resuelto la Excma. Corte Suprema sobre considerar como prueba confesional la delimitación que la propia demandante ha efectuado del período en que se dedicó de forma exclusiva al cuidado de los hijos y del hogar común?

En días recientes, la Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, y confirmó con declaración el fallo de base dictado por el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche que acogió la demanda de divorcio y compensación económica ordenando el pago de $13.256.250, en cien cuotas mensuales de $132.562.

Ambas partes apelaron y una sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, confirmó la sentencia con declaración de aumentar el monto de la compensación económica a la suma de $25.460.000, en veinticuatro cuotas de $1.060.083.

En contra de lo resuelto por el Tribunal de Alzada el demandado dedujo recurso de casación en el fondo, solicitando se la invalide en la parte pertinente, y se dicte una de reemplazo que confirme la sentencia de primera instancia.

El recurrente reprochó la infracción de las normas aplicables en la materia, toda vez que, para fijar el monto de la compensación económica, se consideró hasta el año 2015, época del cese de convivencia, y no hasta el año 2003, época en que la demandante inició actividad lucrativa, tal como lo consideró la sentencia de primer grado.

El máximo Tribual acogió el recurso de casación en el fondo e invalidó la sentencia.

El fallo precisa que la sentencia impugnada, “(…) en lo pertinente, estimó que el cálculo efectuado en aquella es erróneo, ya que consideró veintitrés años en que la demandante se dedicó al cuidado del hogar y los hijos, en circunstancias que fueron treinta y cinco, desde 1980 a 2015, que corresponde a cuatrocientos veinte meses, lo que hace que la compensación económica ascienda a $25.460.000.-, pagaderas en veinticuatro cuotas mensuales, iguales y sucesivas por $1.060.833.-, a pagar dentro de los cinco primeros días de cada mes a contar de la fecha en que quede ejecutoriada”.

Luego, señala que “atendido los claros términos del artículo 32 de la Ley N° 19.968, la judicatura está facultada para apreciar la prueba con libertad, con las limitaciones que indica, e insta que las motivaciones den cuenta o exterioricen las reflexiones conforme a los cuales se logró arribar a un determinado convencimiento que condujo a dar por establecido cada uno de los hechos materia de prueba, lo que, en concreto, se traduce en la obligación de señalar todos los medios probatorios y examinarlos, tanto aquellos en los que apoya su convicción como de los que descarta, e indicar los motivos o argumentos que, a través del análisis de determinadas probanzas, le permitió dar por acreditados los hechos a probar (…)”.

Al respecto, agrega que “(…) la actora en el escrito de demanda delimitó la forma de cálculo de la compensación económica a 23 años, equivalente a doscientos setenta y seis meses, que corresponde al período que se dedicó de forma exclusiva al cuidado de los hijos y del hogar común, lo que debe ser considerado prueba confesional, atento lo dispuesto en el artículo 1713 del Código Civil”.

Añade a lo anterior, “que es la demandante quien reconoció en la demanda la dedicación exclusiva de cuidados hasta 2003, lo que es conteste con lo declarado por las testigos que presentó, y lo que reza el documento denominado (…), que detalla la fecha de inicio de actividades (…) económicas vigentes que corresponden a aquellas relacionadas al almacén que mantiene en su lugar de residencia, elementos que no fueron considerados por la sentencia impugnada para determinar la cuantía de la compensación económica. Por lo anterior, al no ponderarse los medios de prueba reseñados, se infringió lo prescrito en el artículo 32 de la Ley N° 19.968, que tuvo influencia sustancial en la decisión del asunto sometido a la consideración del tribunal, pues de no haberse incurrido en dicha conculcación, la decisión habría sido diferente”.

Por dichas consideraciones, la Corte Suprema invalidó la sentencia de la Corte de Rancagua, y dictó la correspondiente sentencia de reemplazo, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, con declaración que el demandado deberá pagar como compensación económica la suma de $13.256.250, en cincuenta (50) cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $265.125.