En el artículo se analizan los nuevos tipos penales incorporados por la denominada Ley de Delito Económico (n.º 21595) a la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) y a la Ley de Mercado de Valores (LMV) y el impacto que ello produce en la responsabilidad penal, civil y administrativa del equipo directivo de la organización. Se concluye que la comisión de los hechos descritos en los artículos 134 y 134 bis de la LSA y artículos 59 a 62 de la LMV, al tratarse todos de delitos económicos de primera categoría de la LDE, trae graves consecuencias en la responsabilidad penal del autor del ilícito. Ello, sin perjuicio de su eventual responsabilidad administrativa (multa u otra sanción aplicada  por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o alguna otra agencia estatal que ejerza control y fiscalización sobre la organización) y de la responsabilidad civil por el daño causado a la víctima, que podrá ser la persona jurídica en que se ocupa la posición, los accionistas o socios de la misma o cualquiera otra persona que hubiere sido afectada en su patrimonio que se vincule causalmente con el hecho ilícito del que es autor. Todo ello, además, sin perjuicio de la responsabilidad penal que nace para la persona jurídica por la comisión de alguno de esos delitos por la persona natural, salvo que se cuente con un modelo de prevención que cumpla con los requisitos y estándares exigidos por el artículo 4.º de la Ley n.º 20393.