¿Qué ha decidido la Excma. Corte Suprema en relación a un testamento cerrado declarado falso por sentencia penal posterior?

En días recientes, la Excma. Corte Suprema acogió un recurso de revisión interpuesto en contra de una resolución pronunciada en juicio ordinario sobre nulidad de testamento cerrado, y anuló dicha sentencia al constatar que se había fundado en un documento que fue posteriormente declarado falso por sentencia penal firme.

El conflicto se originó a raíz de la apertura de un testamento cerrado supuestamente otorgado en 2017, en el cual se designaba como heredero universal a un tercero.

En su demanda, los recurrentes, sobrinos de la causante, solicitaron declarar la nulidad absoluta del señalado testamento, alegando que la firma estampada en dicho instrumento no correspondía a la causante, por lo que se trataría de un documento falso y carente de valor jurídico conforme a lo dispuesto en los artículos 1023, 1026, 1681, 1682 y 1687 del Código Civil. Sostuvieron que el testamento fue utilizado para favorecer injustamente al designado como heredero universal, en desmedro de los verdaderos herederos abintestato, solicitando además que se le tuviera por poseedor de mala fe, se decretaran las restituciones pertinentes, se declarara la nulidad de todos los actos consecuenciales y se condenara al pago de indemnizaciones y costas.

El Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas rechazó la demanda mediante sentencia dictada en julio de 2020, considerando que el testamento cerrado impugnado cumplía con las formalidades legales exigidas y que la firma atribuida a la causante era auténtica. Para arribar a esa conclusión, el sentenciador otorgó pleno valor al peritaje caligráfico judicial ordenado en la causa, el cual concluyó que no existían elementos que permitieran sostener la falsedad de la rúbrica. En virtud de dicha prueba, el juez estimó que no se había acreditado la existencia de vicio alguno que invalidara el testamento, desestimando así la pretensión de nulidad absoluta.

Contra el fallo de primera instancia, los demandantes interpusieron recurso de apelación. La Corte de Punta Arenas confirmó íntegramente la sentencia apelada, y posteriormente la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo por manifiesta falta de fundamento, al estimar que no se denunciaron eficazmente vulneraciones a las leyes reguladoras de la prueba.

Paralelamente, los actores iniciaron una causa penal en contra del beneficiario del testamento, la que culminó con una sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas en octubre de 2024, en la que se le declaró autor del delito consumado de uso malicioso de instrumento público falso. En el fallo se estableció, sobre la base de múltiples peritajes caligráficos, que la firma contenida en el testamento no correspondía a la causante, siendo falsa. Esta sentencia penal fue confirmada por la Corte de Apelaciones respectiva en enero de 2025, quedando firme y ejecutoriada.

La Corte Suprema acogió el recurso de revisión, concluyendo que se encontraba plenamente configurada la causal prevista en el artículo 810 N°1 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la sentencia civil cuya nulidad se solicitaba se había fundado en un testamento cerrado que, con posterioridad, fue declarado falso por una sentencia penal firme y ejecutoriada. A juicio del Tribunal, dicho instrumento fue un elemento decisivo en el rechazo de la demanda de nulidad, ya que toda la decisión se estructuró sobre la premisa de la autenticidad de la firma contenida en el documento, circunstancia que posteriormente quedó desvirtuada en sede penal.

De igual forma, el máximo Tribunal también descartó que existiera algún obstáculo procesal para conocer del recurso de revisión, señalando que los recursos de casación deducidos previamente fueron declarados inadmisibles o rechazados sin que se hubiera emitido un pronunciamiento de fondo respecto del mérito del asunto debatido.

En cuanto al contenido de la sentencia penal, destacó que ésta acreditó de manera concluyente, a través de diversos peritajes caligráficos y un metaperitaje, que la firma estampada en el testamento no correspondía a la causante. Además, se estableció que el condenado utilizó maliciosamente dicho documento para hacerse pasar por heredero universal, en perjuicio de quienes figuraban como herederos abintestato.

En ese contexto, el máximo Tribunal estimó que la sentencia civil fue obtenida injustamente mediante la utilización de un instrumento falsificado, lo que constituye un vicio grave que afecta la justicia del fallo. Destacó que el testamento constituía el objeto central del juicio de nulidad, por lo que su falsedad no sólo resulta relevante, sino absolutamente determinante.

En mérito de lo expuesto, se resolvió anular la sentencia impugnada, dejar sin efecto todo lo obrado con posterioridad a ella y disponer que la causa continúe su tramitación ante el tribunal de origen, en estado de dictarse nueva sentencia por un juez no inhabilitado.