¿Qué ha decidido la Excma. Corte Suprema en su reciente jurisprudencia sobre el deber de estricta sujeción a las bases en una licitación municipal?

En días recientes, la Corte Suprema rechazó un recurso de queja interpuesto por una Municipalidad en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogieron parcialmente su reclamación relativa a una licitación pública para la mantención y creación de áreas verdes en la comuna.

El conflicto se originó a raíz del proceso de licitación pública denominado “Concesión para mantención y creación de áreas verdes y jardines de la comuna de Teodoro Schmidt”, adjudicado en 2022 a una empresa mediante un decreto Alcaldicio. Por su parte, la sociedad oferente no adjudicada, interpuso una demanda de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública, alegando que la Comisión Evaluadora actuó fuera de sus atribuciones al recalificar la oferta de la empresa adjudicataria, asignándole puntaje adicional en el subcriterio “salario trabajador” sin reclamo previo y en contravención de las bases administrativas, lo que —según la reclamante— alteró el resultado del proceso y le privó de la adjudicación.

El Tribunal de Contratación Pública acogió la demanda de impugnación interpuesta por la sociedad oferente no adjudicada, declarando ilegal y arbitraria la actuación de la Municipalidad de Teodoro Schmidt al recalificar la oferta de la empresa adjudicataria sin estar facultada para ello ni invalidar previamente el procedimiento licitatorio.

En contra de este fallo, la Municipalidad de Teodoro Schmidt interpuso un reclamo de ilegalidad, alegando que el Tribunal de Contratación Pública incurrió en error al acoger la impugnación de la sociedad oferente no adjudicada, pues la recalificación de las ofertas se habría efectuado dentro de sus facultades conforme al artículo 62 de la Ley N° 19.880, al solo corregir un error material detectado durante el proceso de evaluación. Argumentó que dicha corrección —motivada por un reclamo de la propia empresa impugnante— no alteró sustancialmente el resultado ni vulneró las bases de licitación, y que, además, la oferta adjudicada cumplía con el salario mínimo vigente a la fecha de presentación de las propuestas.

La Corte de Santiago acogió parcialmente la reclamación de la Municipalidad, limitándose a corregir un aspecto puntual del fallo del Tribunal de Contratación Pública relativo al subcriterio “Cronograma de trabajo”, en el que la oferta de la sociedad oferente no adjudicada había sido erróneamente calificada con cero puntos pese a cumplir con el requisito. No obstante, el tribunal de alzada confirmó el resto de la decisión, considerando que la Municipalidad excedió sus atribuciones al recalificar la oferta de la empresa adjudicataria sin invalidar el procedimiento licitatorio ni ajustarse a las bases administrativas, infringiendo el principio de sujeción a las bases y el derecho de contradicción de los oferentes. En consecuencia, mantuvo el reconocimiento a la sociedad oferente no adjudicada del derecho a ejercer las acciones indemnizatorias que estimara procedentes.

En contra de este fallo, la Municipalidad interpuso un recurso de queja, alegando que la Corte de Santiago no acogió íntegramente su reclamación —lo que le causaría perjuicio al mantener la posibilidad de acciones indemnizatorias a favor de la sociedad oferente no adjudicada— y que el tribunal erró al no acoger dos de sus tres capítulos: (i) la corrección del puntaje de la oferta adjudicada, que a su juicio se enmarcó en la potestad del artículo 62 de la Ley N° 19.880 por tratarse de un error material detectado tras el reclamo de la sociedad oferente no adjudicada; y (ii) la supuesta infracción al deber de sujeción a las bases, pues sostuvo que su actuación respetó el procedimiento y que, además, la oferta adjudicada cumplía el sueldo mínimo vigente a la fecha de presentación de las ofertas. Solicitó, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia reclamada y rechazar la impugnación en todas sus partes.

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja, aduciendo que las bases de licitación constituyen el marco normativo obligatorio tanto para la entidad licitante como para los oferentes, pues de ellas emanan derechos y deberes recíprocos. Así, señaló expresamente que, “(…) las diversas normas que integran las bases de una licitación deben ser estrictamente observadas por la Administración, pues ellas se caracterizan por conferir garantías a las personas que van a contratar con esta última, emanando de ellas consecuencias jurídicas que se traducen en derechos y deberes de las partes interesadas”.

En ese sentido, se agrega enseguida que el principio de estricta sujeción a las bases “(…) impone a la Administración y a quienes deciden contratar con ella el deber de observar de modo irrestricto las bases de licitación”, agregando que tal observancia es indispensable “(…) a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos suscritos entre organismos públicos y particulares”. De este modo, razonó que la Municipalidad de Teodoro Schmidt no podía alterar una evaluación ya realizada, pues ello equivaldría a desconocer el procedimiento previamente establecido.

Asimismo, el fallo afirmó que, “(…) no es posible estimar configuradas las faltas o abusos denunciados respecto de lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, pues, no puede desconocerse que la actuación de la entidad licitante se apartó de las bases que ciñeron la licitación y de la legislación y reglamentación que regula la misma, desde que no correspondía que la Comisión Evaluadora realizara una nueva evaluación y que ponderara nuevamente los antecedentes aportados, sin permitirle a los restantes oferentes ejercer sus derechos, en particular a oponerse y ser oídos, garantías mínimas de todo procedimiento racional y justo”.

Finalmente, la Corte Suprema precisó que el eventual perjuicio alegado por la Municipalidad carecía de fundamento, ya que la decisión de la Corte de Santiago —al reconocer el derecho de la sociedad oferente no adjudicada a ejercer acciones indemnizatorias— se apoyaba en una corrección puntual del fallo de primera instancia, sin que ello implicara ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de los jueces. Añadió que la resolución impugnada se ajustó plenamente al derecho, pues el tribunal de alzada había actuado dentro de sus atribuciones y con arreglo a los principios que rigen la contratación administrativa, razón por la cual no se configuraban faltas o abusos disciplinariamente sancionables.

En mérito de lo expuesto, el máximo Tribunal rechazó el recurso de queja.