¿Qué ha resuelto la Excma. Corte Suprema sobre la necesidad de comparecencia personal ante notario de un deudor para suscribir un pagaré?

En días recientes, la Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Talca, que, en su oportunidad, revocó aquella de base que desestimó las excepciones opuestas por el deudor en un juicio ejecutivo, y en su lugar, había acogido las defensas del ejecutado desestimando la acción.

Un Banco demandó ejecutivamente el cobro de un pagaré suscrito por el demandado, que se encuentra vencido desde el incumplimiento del pago de una de las cuotas pactadas.

En su defensa, el deudor opuso las excepciones de ineptitud del libelo, falta de mérito ejecutivo del título, y nulidad de la obligación, fundado en que el pagaré fue suscrito ante el competente notario, sin embargo, no se dejó constancia de que el deudor estuviera presenta al momento de la suscripción del documento, por ende, el título es inválido y no se puede cobrar mediante la acción cambiaria.

El tribunal de primera instancia desestimó las excepciones opuestas por el deudor y ordenó continuar con la ejecución; decisión que fue revocada por la Corte de Talca en alzada que, en su lugar, acogió la excepción de falta de mérito ejecutivo, desestimando la demanda.

En contra de este último fallo, el Banco dedujo recurso de casación en el fondo, acusando la infracción de los artículos 464 N°7 y 434 N°4 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 401 N°10 y 425 del Código Orgánico de Tribunales.

El recurrente sostiene que el fallo recurrido es cuestionable, al haber concluido que la autorización notarial que se observa de la firma del pagaré que sirvió de título a la ejecución no cumplía con los requisitos legales, porque el notario que intervino “…no dejó constancia que haya sido en presencia del deudor y tampoco anotó cómo le consta la autenticidad de esa firma”. Añade que, siendo indiscutido que su contraparte firmó el título materia de cobro y recibió el dinero a que se refiere el documento, precisa que la discusión versa sobre si el pagaré cumple o no con los requisitos legales relativos a la autorización de la firma puesta por el obligado, sin que sea óbice algún otro requisito adicional como pretende el ejecutado, al sostener que su presencia era necesaria al momento de la suscripción del documento.

El máximo Tribunal hizo lugar al arbitrio de nulidad sustancial, luego de razonar que, “(…) sobre lo que se viene señalando resulta adecuado agregar que el aludido requerimiento de la ley no va más allá de la letra de su texto, cuyo sentido es perfectamente claro: exige que la firma sea autorizada por notario”.

En ese sentido, el fallo expresa que “(…) el concepto “autorización notarial” debe ser entendido en su sentido procesal, como palabra técnica, conforme al artículo 21 del citado cuerpo de normas y, desde este punto de vista, la expresión denota la legalización que pone el escribano, en alguna escritura o instrumento, de forma que haga fe pública, esto es, atestando la verdad de las firmas puestas en él”.

En el mismo orden de razonamiento, la sentencia puntualiza que “(…) si la finalidad última perseguida por el legislador recién enunciada no resulta ser una cuestión controvertida por la demandada, mal puede pretender restar de eficacia y validez al título asilándose en eventuales defectos en que, en su concepto, habría incurrido el notario si en definitiva la firma sí fue puesta en el pagaré por quien aparece suscribiéndolo”.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, dejó sin efecto la sentencia de alzada, y en aquella de reemplazo confirmó el fallo de primer grado que ordenó seguir adelante con la ejecución.